Crisis postelectoral en Guatemala
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CIUDAD DE GUATEMALA .-Septiembre 13 del 2023.-(AP).— La fiscalía de Guatemala intensificó su arremetida contra la autoridad electoral y el proceso de elecciones presidenciales celebrado recientemente con el allanamiento ayer a dos sedes de Tribunal Supremo Electoral y la revisión de cajas con votos de la primera vuelta del 25 de junio, como parte de una serie de investigaciones que el ente rector electoral considera una injerencia sin precedentes.
El Tribunal confirmó que los fiscales abrieron las cajas que contienen los votos de los ciudadanos pese a que según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional, sólo pueden manipularlas el propio Tribunal y las Juntas Receptoras de votos.
“Esto es algo sin precedentes, la ley no establece procedimiento para esto. El escrutinio es exclusivo de las Juntas Receptoras de votos el día que se realizan las elecciones”, dijo a periodistas la directora electoral del Tribunal, Gloria López, e indicó que una de esas cajas fue embalada presuntamente para ser decomisada.
Las elecciones dieron como presidente electo a Bernardo Arévalo, cuyo partido, el Movimiento Semilla es investigado también por la fiscalía y afronta un intento de ser suspendido por presuntas irregularidades en las firmas presentadas para constituirse.
La directora electoral del TSE explicó también que lo que contiene cada caja no está digitalizado.
“En este momento, al ser secuestradas, si es que se da el caso que se las lleve el Ministerio Público... el TSE (Tribunal Supremo Electoral) pierde la custodia de las cajas electorales y prácticamente ya no tendríamos responsabilidad de las mismas”, dijo la funcionaria.
Luego agregó que “nosotros ya no podríamos asegurar qué exactamente son los votos que están en las cajas electorales y qué es exactamente la cantidad de firmas y huellas que están en los padrones electorales de mesa que van en esas cajas”.
Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados, indicó a TheAssociatedPress que no existe una base legal que le dé el poder a un juez o fiscales para tocar las cajas electorales o los votos.
“Están abriendo bolsas y haciendo cotejos entre votos y actas en el lugar y eso no tiene ningún soporte legal... es un acto arbitrario”, indicó Orellana.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, y la fiscal Cinthia Monterroso estaban a cargo de los operativos ordenados por el juez Fredy Orellana.