Nueva denuncia de la ONU contra el régimen de Ortega

Septiembre 13 del 2023.- (AP).— El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua denunció ayer una “escalada” de la persecución a la disidencia y la supresión de las instituciones académicas independientes por parte del gobierno de Daniel Ortega.

Un informe del grupo presentado por su director, el alemán Jan- Michael Simon, en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra registró “una nueva ola de violaciones de derechos humanos en Nicaragua durante los últimos seis meses”, la cual “ha sofocado gravemente las voces disidentes y ha aumentado la persecución”.

Se trata de la última actualización del grupo que desde marzo de 2022 evalúa la situación de los derechos humanos en el país centroamericano.

El informe denunció que opositores y defensores de derechos humanos “afrontan severas presiones” para abandonar Nicaragua “a través de vigilancia constante, acoso en espacios públicos y privados”, así como “criminalización continua” y “detenciones arbitrarias”.

También señaló que los actores religiosos, en particular la Iglesia católica, “son cada vez más el blanco de ataques”. “Una vez en el extranjero, (los perseguidos por el gobierno) se han enfrentado a la privación arbitraria de su nacionalidad, la confiscación de bienes y sus familiares en Nicaragua han sido expuestos a intimidación”, dijo.

También destacó que el gobierno “intensificó su persecución de las universidades” y canceló la personalidad jurídica de 27 instituciones de educación superior, cuyos bienes ha confiscado.

“Hoy, el sector universitario de Nicaragua en su conjunto ya no cuenta con instituciones independientes”, alertó.

Los expertos pidieron al gobierno de Nicaragua que permita el acceso de organismos neutrales e independientes como el Comité Internacional de la Cruz Roja a los centros “donde se encuentran retenidos opositores reales o supuestos”.

La actual crisis política en Nicaragua se inició tras las protestas sociales que estallaron en abril de 2018 y que fueron reprimidas con violencia por policías y paramilitares con un saldo de 355 muertos, más de 2,000 heridos y al menos 100,000 exiliados en los meses posteriores a la rebelión.