EU acusa a tres mexicanos por fraude fiscal de 74 millones de dólares

15 octubre 2026.- (EXONLINE) Tres ciudadanos mexicanos residentes en el área metropolitana de Atlanta fueron acusados de participar en un esquema para defraudar al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) por más de 74 millones de dólares, mediante la presentación de declaraciones fiscales fraudulentas.

El Departamento de Justicia estadounidense hizo pública la acusación formal contra Gustavo Rojano Salazar, Gabriel Rojano Salazar y Andrés Huerta Rendón, a quienes señala por presunto fraude postal y electrónico, así como conspiración para cometer lavado de dinero.

Según los documentos judiciales, el esquema habría operado desde 2019 hasta la fecha. Los acusados presuntamente obtuvieron documentos de identificación mexicanos a nombre de terceras personas para tramitar Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) ante el IRS.

Estos números se asignan a personas que deben presentar declaraciones fiscales federales, pero que no cuentan con un número de Seguro Social o no son elegibles para obtenerlo.

De acuerdo con la acusación, los señalados utilizaron las identidades de ciudadanos mexicanos titulares de números ITIN para presentar declaraciones fiscales fraudulentas y obtener reembolsos del Tesoro estadounidense.

Las autoridades sostienen que los implicados cobraron más de 16 mil cheques de reembolso por un monto superior a los 74 millones de dólares en una empresa dedicada al cambio de cheques.

La investigación atribuye a los tres acusados su presunta participación en las operaciones para obtener y cobrar los recursos mediante el esquema.

De ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas máximas de hasta 20 años de prisión por cada cargo relacionado con conspiración para cometer fraude postal, fraude postal, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.

Además, Gustavo y Gabriel Rojano Salazar enfrentan cargos adicionales por presuntas falsedades en formularios migratorios, que podrían implicar penas máximas de hasta 15 años de prisión por cada cargo.