Estados Unidos impone sanciones contra la Corte Penal Internacional; bloquea sus activos

9 octubre 2026.- (EXONLINE) El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas medidas contra la Corte Penal Internacional (CPI), en una decisión que amplía la política de sanciones impulsada por la administración del presidente Donald Trump para limitar las acciones del tribunal con sede en La Haya.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, la CPI fue designada formalmente bajo la Orden Ejecutiva 14203, instrumento mediante el cual Washington ha sancionado previamente a 17 personas vinculadas con el organismo internacional.

La administración estadounidense sostiene que las medidas buscan proteger la soberanía del país y responder a lo que considera una amenaza por parte de la Corte Penal Internacional.

El Departamento del Tesoro autorizó una serie de licencias generales destinadas a permitir determinadas actividades relacionadas con la CPI pese a las sanciones.

Entre ellas figura una autorización temporal de 180 días para determinadas operaciones administrativas del tribunal, así como permisos específicos relacionados con servicios tecnológicos, plataformas de software, servicios en la nube, el sistema de pensiones de la institución y actividades vinculadas con personas detenidas bajo jurisdicción de la corte.

Según el gobierno estadounidense, estas licencias buscan proteger intereses estratégicos de Estados Unidos mientras se desarrollan esfuerzos diplomáticos y jurídicos relacionados con la controversia.

El Departamento de Estado señaló que la autorización temporal de 180 días permitirá evaluar si existen avances en la atención de las preocupaciones planteadas por Estados Unidos respecto a las actividades de la CPI.

La administración indicó que las medidas podrán modificarse dependiendo de los resultados de esas gestiones.

El secretario de Estado, Marco Rubio, presentó el anuncio mediante un mensaje difundido por el gobierno estadounidense.

Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses patrimoniales de la Corte Penal Internacional que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deberán ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Asimismo, se prohíben transacciones financieras o comerciales que involucren bienes, servicios o recursos de personas u organismos sancionados, salvo aquellas que cuenten con autorización específica emitida por el Departamento del Tesoro.

Las restricciones incluyen la transferencia de fondos, prestación de servicios o cualquier tipo de apoyo económico a entidades sujetas a las sanciones anunciadas.

Washington ha mantenido históricamente diferencias con la corte al considerar que algunas de sus actuaciones pueden afectar la soberanía estadounidense y la de sus aliados.