Periodismo en riesgo: Reporteros Sin Fronteras exige a México medidas

CIUDAD DE MÉXICO.— Agosto 26 del 2026.-(Agencias).-Reporteros Sin Fronteras (RSF) y más de 40 medios mexicanos exigen al gobierno de Claudia Sheinbaum y a las autoridades del país acciones urgentes ante los asesinatos de periodistas y la impunidad que persiste en estos crímenes.

La organización señaló que durante los primeros siete meses de 2026 fue asesinado, en promedio, un periodista cada mes y que desde el inicio del gobierno de Sheinbaum, en octubre de 2024, suman 17 comunicadores privados de la vida.

Artur Romeu, director de RSF América Latina, advirtió que cada uno de esos crímenes representa una deuda del Estado con las víctimas, sus familias y la sociedad. Además, sostuvo que los asesinatos generan miedo, favorecen la autocensura, debilitan al periodismo local y vulneran el derecho de millones de personas a mantenerse informadas.

Para RSF, la violencia contra los comunicadores ha alcanzado un carácter estructural y evidencia la incapacidad de sucesivos gobiernos para contener las agresiones. La organización advirtió que la situación se ha prolongado durante demasiado tiempo sin convertirse en una prioridad política.

Efectos generales

Los efectos, agregó, trascienden a las víctimas directas, pues cada periodista asesinado, amenazado o forzado a guardar silencio deja un vacío informativo en las comunidades donde desarrollaba su trabajo.

RSF señaló que los crímenes son atribuidos principalmente a grupos del crimen organizado y continúan impunes.

Ante este panorama, la organización pidió al gobierno mexicano poner en marcha un plan nacional de emergencia que coordine a autoridades federales y estatales, fiscalías y al Poder Judicial para enfrentar la violencia.

También, se demandaron medidas rápidas y eficaces ante situaciones de riesgo, así como fortalecer las investigaciones para identificar y sancionar tanto a los autores materiales de los asesinatos como a quienes los ordenaron.

RSF reclamó además mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que permitan detectar deficiencias en las políticas de prevención, protección e investigación, corregirlas y evitar que las fallas institucionales continúen dejando desprotegidos a los periodistas.