ONG’s: Ley de Economía Circular debe proteger salud y medio ambiente

21 agosto 2026.- (EXONLINE) La próxima publicación del Reglamento de la Ley General de Economía Circular por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al concluir el plazo de 80 días naturales que otorga el Congreso de la Unión, podría perpetuar la contaminación química, debilitar la responsabilidad de los productores y abrir la puerta a falsas soluciones si no incorpora salvaguardas para proteger la salud y el ambiente, advirtieron organizaciones de la sociedad civil.

Greenpeace México, el Poder del Consumidor y Acción Ecológica dieron a conocer que presentaron a la Semarnat propuestas técnicas y jurídicas encaminadas a fortalecer el proyecto de Reglamento y subsanar los vacíos identificados en la nueva legislación.

«La Ley General de Economía Circular fue aprobada y publicada sin un proceso abierto y participativo que permitiera incorporar de manera efectiva las observaciones de la comunidad científica, organizaciones sociales, pueblos y comunidades, academia y otros sectores libres de conflictos de interés.

Como advertimos durante el proceso legislativo, ello dio lugar a una legislación con importantes vacíos en materia de protección de la salud, gestión de sustancias químicas, prevención de la contaminación, además de privilegiar mecanismos que favorecen determinados intereses económicos por encima del interés público», alertaron.

Las ONG insistieron en que el Reglamento constituye la última oportunidad para corregir estas deficiencias e incorporar salvaguardas que garanticen que la implementación de la nueva ley se sustente en la mejor evidencia científica disponible y en la protección efectiva de la salud humana, la biodiversidad y el medio ambiente.

«Es indispensable que en el reglamento se reconozca la protección de la salud humana y del ambiente como eje transversal de la implementación de la legislación y de todos los instrumentos derivados de ella.

El reglamento debe contar con mecanismos robustos para identificar, evaluar y eliminar progresivamente sustancias químicas peligrosas presentes en productos y materiales.

El reglamento tiene que establecer protecciones suficientes para asegurar que tecnologías de termovalorización (incineración), de residuos contempladas en la ley sean la última opción y evaluadas mediante análisis de ciclo de vida completos e independientes», enlistaron.

Además, señalaron que la responsabilidad extendida del productor requiere incentivar la prevención, la reducción, el rediseño y la reutilización de los residuos y se necesitan establecer reglas claras para prevenir, identificar y gestionar conflictos de interés en la elaboración de metodologías, criterios técnicos, órganos consultivos y procesos de implementación del reglamento, garantizando que las decisiones regulatorias respondan al interés público y a evidencia científica independiente.

Destacaron que la comunidad científica coincide en que no existe una economía circular segura si los materiales continúan incorporando sustancias químicas peligrosas que permanecen en los ciclos productivos, se transfieren a nuevos productos o terminan liberándose al ambiente y a las personas.