Exigen consolidar fiscalías de la mujer ante fallas en caso Ana Amelí

24 julio 2026.- (EXONLINE) La ineficiencia institucional y los graves retrasos en las investigaciones sobre violencia de género continúan dejando la carga de la búsqueda en hombros de las propias familias. A un año de la desaparición de Ana Amelí García Gámez en la zona del Ajusco, sus allegados denunciaron que «las deficiencias en la investigación y la falta de coordinación de las autoridades los obligaron a asumir tareas de búsqueda e investigación», exponiendo la indolencia con la que se actúa en los ministerios públicos locales cuando una mujer desaparece en la capital del país.

Frente al clamor de justicia de miles de hogares, se recordó que el marco legal fue modificado desde el Poder Legislativo para frenar este tipo de omisiones. En noviembre de 2024 el Congreso de la Unión aprobó la propuesta del Partido Verde para «establecer Fiscalías Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres en todas las entidades federativas», un esquema diseñado para desmantelar la burocracia que ralentiza las denuncias y erradicar la falta de perspectiva de género en las procuradurías estatales.

El objetivo central de este mandato normativo radica en transformar de manera radical la respuesta del Estado en sus tres niveles frente a las aglomeradas carpetas de investigación. La iniciativa legislativa busca «garantizar investigaciones con perspectiva de género, personal capacitado y una respuesta más rápida y efectiva para las víctimas y sus familias», impidiendo que las primeras horas —fundamentales para la localización con vida— se pierdan en trámites administrativos e indolencia pericial.

De igual forma, el proyecto plantea unificar los criterios de procuración de justicia en todo el territorio nacional para evitar vacíos legales entre los estados. La fuerza política promovente destacó que esta reforma busca «homologar la atención en todo el país, dotando a las fiscalías estatales de herramientas y capacidades especializadas para investigar feminicidios, desapariciones, violencia sexual y otros delitos de género», fortaleciendo las capacidades operativas donde la impunidad alcanza sus niveles más altos.

La realidad en las calles muestra el costo humano que significan la lentitud y las omisiones en el actuar público. El caso de Ana Amelí evidencia de manera trágica las consecuencias de estas fallas, toda vez que sus familiares informaron que «desde el inicio enfrentaron retrasos en las diligencias y tuvieron que organizar brigadas de búsqueda, contratar investigadores privados y mantener la exigencia pública para que las autoridades continuaran con las investigaciones», supliendo con sus propios recursos la labor ministerial.

El calvario de la familia García Gámez refleja el dramático flagelo de la impunidad en México y la imperiosa necesidad de aplicar las reformas aprobadas sin más demoras. Ante esta problemática, el Partido Verde señaló que «casos como el de Ana Amelí demuestran que es indispensable contar con instituciones especializadas que actúen con rapidez, coordinación y profesionalismo, para combatir la impunidad y garantizar a las mujeres un acceso efectivo a la justicia», un imperativo ineludible para garantizar el derecho de las mexicanas a una vida libre de violencia.