Prohíben a AMLO emitir expresiones con discurso de odio contra trabajadores del PJ
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CIUDAD DE MEXICO.-Octubre 20 del 2023.-Un juez federal prohibió al presidente Andrés López Obrador emitir expresiones con un discurso de odio que inciten a la confrontación, ataque o violencia contra los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que participen en la marcha del próximo domingo.
De acuerdo con información del periódico Reforma, al conceder una suspensión de plano a un grupo de 68 funcionarios judiciales, Gabriel Regis López, Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, restringió las expresiones del primer mandatario y ordenó a la fuerza pública abstenerse de ejercer actos contra la integridad física de quienes acudan a la manifestación.
“Se concede de oficio la suspensión de plano, para el efecto de que sin invadir el ámbito de facultades de la autoridad responsable Presidente de la República, se abstenga de realizar expresiones que puedan contener un discurso de odio que incite a generar confrontación, ataque o violencia de cualquier tipo hacia los manifestantes del PJF y acompañantes que asistan a la marcha del 22 de octubre del año que transcurre”, instruyó el juzgador.
“No es óbice que el titular del Ejecutivo Federal goce al igual que todos los ciudadanos de la libertad de expresión pues ello no implica que en ejercicio de dicha prerrogativa pueda realizar manifestaciones que ataquen la dignidad humana y el honor a través del escarnio y desprestigio público hacia los manifestantes quejosos, pues dichos actos constituyen la acepción de infamia prohibida por el artículo 22 constitucional.
“Máxime que en una sociedad democrática debe velarse porque se protejan los derechos humanos de todos los gobernados, mediante una sana convivencia, al margen de sus corrientes ideológicas o poder público al que pertenezca”.
Según precisa Reforma, esta suspensión fue notificada la mañana de este viernes en la lista de acuerdos y el juez dio un plazo de 24 horas para acatar su mandamiento, contadas a partir del momento en que -en este caso- el jefe del Ejecutivo Federal sea enterado formalmente de la resolución judicial.
En su conferencia de prensa, López Obrador insistió en que la marcha nacional convocada por trabajadores del Poder Judicial es para defender privilegios y que daba “pena ajena”.
En su suspensión, el juez Regis expone que la categoría de discurso de odio, con base en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una expresión de menosprecio e insulto que generan sentimientos sociales de hostilidad contra personas o grupos específicos.
Agrega que esta manifestación discursiva va más allá de una idea u opinión y resulta en una acción expresiva que genera un clima de discriminación y violencia hacia las víctimas entre el público receptor, creando espacios de impunidad para las conductas violentas.
Asimismo, refiere el rotativo nacional, el impartidor de justicia también concedió la suspensión de plano para que la fuerza pública garantice el derecho a la manifestación de los empleados del PJF que participen en la marcha del domingo y no sean agredidos físicamente.
“Se concede de oficio la suspensión de plano, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de inmediato de ejercer todo acto que tienda a vulnerar la integridad física de los miembros del PJF, y en general de quienes participen en la manifestación”, dice el resolutivo.
“Asimismo, para que protejan, respeten y garanticen el derecho humano a manifestarse de quienes asistan a dicho evento colectivo, siempre y cuando no se afecten derechos de terceros. En la inteligencia que la medida cautelar que ahora se otorga, no protege ningún acto de manifestación que se lleve a cabo de manera violenta”.
Este viernes se registra el quinto día consecutivo de protestas en el PJF, con motivo de la extinción de 13 fideicomisos con 15 mil millones de pesos, acordada el pasado miércoles por la Cámara de Diputados.
Prácticamente todas las instalaciones de tribunales de circuito, juzgados de distrito y plenos regionales en el país se encuentran cerradas y sólo se atienden casos urgentes, sobre todo lo relacionado con plazos constitucionales, la calificación de detenciones o la situación jurídica de imputados.