Mensajes apoyan una hipótesis del caso Ayotzinapa

Septiembre 3 del 2023.- Tal vez sea el caso sin resolver más tristemente célebre de México: agentes de policía les dispararon a 43 estudiantes normalistas, los subieron a la fuerza en patrullas, se los entregaron a un cártel del narcotráfico, y los estudiantes nunca más volvieron a ser vistos.

Durante casi una década, el misterio ha atormentado al país. ¿Cómo fue que un grupo relativamente desconocido pudo cometer una de las peores atrocidades de la historia reciente de México, con la ayuda de la policía y el ejército que veían cómo sucedía el secuestro masivo en tiempo real?

Un amplio conjunto de alrededor de 23.000 mensajes de texto inéditos, declaraciones de testigos y documentos de investigación obtenidos por The New York Times formula una respuesta: prácticamente todas las ramas de gobierno en esa zona del sur de México llevaban meses trabajando para el grupo delictivo en secreto, lo que puso la maquinaria del Estado en manos del cártel y neutralizó cualquier obstáculo que se interpuso en su camino.

Los comandantes de policía cuyos agentes se llevaron a muchos de los estudiantes durante esa noche de 2014 habían estado obedeciendo órdenes directas de los narcotraficantes, según muestran los mensajes de texto. Uno de los comandantes dio armas a los integrantes del cártel, mientras que otro respondió a una instrucción de que persiguiera a sus rivales.

Militares sobornados

Militares que monitoreaban de cerca el secuestro pero nunca acudieron a socorrer a los estudiantes también había recibido sobornos del cártel. En los mensajes de texto, captados en intervenciones telefónicas, los traficantes y sus colaboradores se quejaban de la insaciable codicia de los soldados, y se referían a ellos como “put..” a los que tenían “en la bolsa”.

Un teniente incluso armó a sicarios vinculados al cártel y, según un testigo, ayudó a la policía a intentar ocultar su participación en el crimen luego de que los estudiantes fueron secuestrados y asesinados.

Es sabido desde hace mucho que agentes de la policía y varios funcionarios gubernamentales ayudaron al cártel a secuestrar a los estudiantes o tuvieron conocimiento de cómo ocurría el crimen y no hicieron nada para detenerlo.

Pero los mensajes de texto han sido un descubrimiento para los investigadores y ofrecen la imagen más clara, hasta el momento, de un posible motivo de la colusión entre las autoridades y los asesinos.

Poco más de una veintena de esas comunicaciones se han divulgado. Lo que revelan los otros miles de intercambios es sorprendente: más allá de comprar favores específicos, el cártel, conocido como Guerreros Unidos, había convertido a funcionarios públicos en empleados en toda regla.

El asesinato masivo de los 43 normalistas fue posible, según los investigadores, gracias a la subordinación del gobierno. Y la lealtad era profunda.

Uno de los socorristas que esa noche acudió al lugar del secuestro masivo tenía otro trabajo no oficial: reunir información para el cártel. Las intervenciones telefónicas captaron por meses que enviaba actualizaciones al minuto sobre los movimientos de las fuerzas del orden a un líder de Guerreros Unidos al que llamaba “jefe”.

Forense incluido

Un forense también prestaba servicios al grupo delictivo enviando fotos de cadáveres y evidencia en escenas de crímenes, según muestran los mensajes.

Tras el asesinato de algunos de los estudiantes, los traficantes incineraron los cuerpos en un crematorio propiedad de la familia del forense, dicen los investigadores.

En un testimonio inédito, un integrante del cártel les dijo a las autoridades que los hornos solían usarse para “desaparecer gente sin dejar rastro”.

Hay otra pregunta que los mensajes de texto podrían ayudar a resolver: ¿por qué ejecutó Guerreros Unidos a un grupo de 43 estudiantes que se estaban formando para ser maestros y no tenían nada que ver con el crimen organizado?

En los meses y semanas previos al secuestro, según muestran las intervenciones telefónicas, el cártel se había puesto cada vez más paranoico, asediado por luchas intestinas mortales mientras trataba de defender su territorio ante el avance de sus rivales.

Así que cuando decenas de jóvenes llegaron a la ciudad de Iguala en autobuses de pasajeros —no muy distintos a los que el cártel usaba para contrabandear drogas a Estados Unidos— los traficantes confundieron el convoy con una incursión enemiga y dieron la orden de atacar, según lo que dicen ahora los fiscales.

A nueve años de la desaparición de los estudiantes, nadie ha sido sentenciado por el crimen, por lo que el caso ha pasado a simbolizar un sistema averiado que no puede resolver ni siquiera los actos más descarados de brutalidad.

El gobierno anterior fue acusado de orquestar un amplio encubrimiento para esconder la participación de las fuerzas federales en el secuestro, en particular las del todopoderoso ejército.

Encrucijada

Ahora la investigación se encuentra en una encrucijada clave. En el gobierno de López Obrador las autoridades han ordenado la detención de 20 soldados mexicanos en conexión con los secuestros, entre ellos más de una decena de elementos en junio. Para integrar el caso, las intervenciones telefónicas han sido cruciales.

Las comunicaciones del cártel fueron interceptadas en 2014 por la DEA, como parte de una investigación de las actividades de tráfico de drogas que tenían Guerreros Unidos en los suburbios de Chicago.

Durante años, México trató de acceder a los mensajes de texto, pero las autoridades estadounidenses solo entregaron los 23,000 mensajes el año pasado.

Según un investigador, esto sucedió así en parte debido a una persistente desconfianza en el gobierno mexicano. La DEA no quiso hacer comentarios.

Los mensajes obtenidos por el Times no abarcan la noche de la desaparición y aún faltan detalles clave de lo sucedido a los estudiantes.

Lo que resulta claro es que el horror se inició el 26 de septiembre de 2014, cuando decenas de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa viajaron a Iguala, Guerrero. Tomaron el control de varios autobuses para trasladarse a una marcha en CDMX, una tradición que las autoridades solían tolerar.

Pero esta vez no lograron salir de la ciudad.