Corte ordena distinguir opinión de información en TV y Radio

Enero 20 del 2022.-La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por unanimidad, que los programas de radio y televisión deben distinguir de manera clara la información y la opinión en su programación.

Además, se indicó, que las empresas de esta industria no deben reglamentar los derechos de las audiencias, a partir de sus códigos de ética, ante su carácter comercial.

La ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara resolvió declarar como inconstitucional la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), del 31 de octubre de 2017, con la que se derogaron los Lineamientos sobre Derechos de las Audiencias establecidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2016.

"Todo informador, en su calidad de intermediario de la programación que difunde, debe cumplir con el deber de que la información divulgada sea, por un lado, veraz y, por otro, imparcial, de tal forma que distinga entre las opiniones o juicios de valor de quien informa y el contenido mismo del mensaje informativo o noticioso", se estableció en la resolución aprobada este miércoles.

Se indicó que constitucionalmente, el IFT tiene la facultad de regular lo relativo a los derechos de las audiencias, lo que la reforma de 2017 delegó a los códigos de ética de los concesionarios, impedidos por su interés comercial.

"Al margen de su buena voluntad y del compromiso que puedan tener para salvaguardar los derechos de las audiencias, delegarles la facultad de su regulación podría provocar la emisión de normas con un sesgo económico y parcial", se argumentó en la resolución.

Con esta resolución, la Corte confirmó un amparo al Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos, que se había otorgado, pero no se cumplía ante recursos presentados por concesionarios.

A partir de la notificación de la sentencia, corre un plazo de 60 días para que el Congreso de la Unión derogue la reforma a la LFTR, y se reestablezcan las atribuciones que se le habían retirado al IFT, además de que quedan son efecto los códigos de ética de los concesionarios.