Cuestionan permanencia de funcionarios señalados en juzgados familiares de la CDMX

21 octubre 2026.- (EXONLINE) Funcionarios señalados por presunta corrupción y por emitir resoluciones contrarias a víctimas de violencia de género continúan en funciones en los juzgados familiares del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicados en avenida Juárez número 8, colonia Centro. A esta situación se suma la desaparición de 11 juzgados, que ha agravado la saturación y el rezago en la impartición de justicia.

Uno de ellos es Eduardo Rafael del Moral Rincón, quien acumula múltiples señalamientos de corrupción en redes sociales y contra quien la Fiscalía de la Ciudad de México ha iniciado carpetas de investigación.

En materia civil, Fernando Ariel Tenorio Solorio se mantiene como secretario de acuerdos en funciones de juez desde antes de la elección judicial. En 2024, en el marco del 8M, ordenó a una víctima de violencia sexual disculparse con su agresor por haber “herido sus sentimientos” y la condenó a pagar las terapias psicológicas de este. La sentencia fue revocada y, posteriormente, un tribunal federal confirmó dicha revocación al fallar a favor de la víctima.

Ambos permanecen en sus cargos desde hace años, incluso desde antes de la reforma al Poder Judicial, pese a que la ley establece que esos puestos deben cubrirse con personas surgidas de la elección popular. En este contexto, persisten las dudas sobre si el Órgano de Administración Judicial, encabezado por Reyna Mince Serrano, ejerce control sobre los turnos y el rumbo de los asuntos en los juzgados familiares.

Fuentes consultadas señalaron que asesores de Rafael Guerra Álvarez obligan a los jueces a entregar múltiples tarjetas informativas sobre los asuntos que tienen pendientes de resolver. Entre dichos asesores figura Laura Mejía Sosa, a quien se atribuye haber ordenado a jueces emitir resoluciones a favor de una de las partes.

Mejía Sosa participó en la elección judicial sin obtener el respaldo ciudadano para una magistratura. Sin embargo, aparece con frecuencia en asuntos de alto perfil como la antesala obligada para llegar a Guerra Álvarez.

Queda por aclarar qué se requiere para acceder a él, si Mejía Sosa actúa como portavoz de esos requerimientos o si reporta a quien la antecedió en el cargo, la hoy magistrada Erika Marlen Zepeda.

Estos señalamientos abren un cuestionamiento sobre a quién rinden cuentas los servidores públicos que actúan como jueces y magistrados en la capital: a la ciudadanía que los eligió o a los integrantes del Órgano de Administración Judicial de la Ciudad de México.