La DEA “cerró los ojos” al tráfico de millones de pastillas de fentanilo

3 septiembre 2026.- (EXONLINE) Un pequeño error en un documento llevó a descubrir que la DEA fingió no ver el tráfico de millones de pastillas contaminadas con fentanilo que habrían aumentado las muertes por sobredosis en Nuevo México.

Un agente de la DEA, David Howell, había denunciado que su agencia dejaba pasar cantidades significativas de fentanilo con la idea de seguir su rastro para llegar a capos importantes en Estados Unidos, pero el plan se le fue de las manos a la DEA.

El testimonio y la denuncia estaban en un documento lleno de tachaduras en la Casa Blanca, pero quien tuvo a su cargo tachar a discreción, cometió el error de dejar intacto el apellido de Howell, donde casualmente lo encontró el reportero Jim Mustian, quien ubicó y contactó al agente.

Howell dijo que la DEA llamó “El camino del fentanilo” a la operación con la que, de acuerdo con su testimonio, su agencia “cerró los ojos” o “miró a otro lado” deliberadamente, mientras narcotraficantes de un cartel sin identificar circulaban con cargamentos de cientos de miles de pastillas con fentanilo.

El operativo tuvo lugar entre 2023 y 2025; Howell lo había denunciado ante la Oficina de Responsabilidad Profesional en 2024, el mismo año en que su denuncia llegó a la Casa Blanca, pero, censurada con taches, pasó inadvertida para la prensa.

Los primeros embarques en el periodo del operativo mencionaban cien mil pastillas, pero en el 2025, cuando terminó, la administración Trump informó una intercepción de tres millones de pastillas con fentanilo, la mayor en la historia hasta entonces, realizada precisamente en Nuevo México.

Pero hubo datos que las noticias triunfalistas dejaron fuera. Durante los años de la operación, las muertes por sobredosis en Nuevo México aumentaron en 21 por ciento, mientras en el resto del país disminuyeron en casi 15 por ciento.

“Envenenamos a nuestra comunidad para hacer casos”, dijo Howell; “a través de nuestra propia ceguera intencional, podemos decir: ‘Realmente no sabemos qué pasó con las drogas’. Pero nosotros en un cien por ciento hicimos que mataran a la gente”.

Otros dos agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) han corroborado en los últimos meses la versión de Howell; ellos también confirmaron embarques de pastillas con fentanilo y que la agencia dejaba que ocurrieran transacciones.

El caso se compara con la operación “Rápido y furioso” –que dejó correr el tráfico de armas de fuego y se perdió el rastro hasta que unas de esas armas se usaron para ataques a agentes federales–.

En la demanda más reciente, esta semana, han sido congresistas republicanos los que exigen explicación al director de la DEA, Terrance Cole. James Comer, del Comité de Supervisión del congreso exigió que se entreguen todos los registros federales íntegros de la operación para analizarlos.

Antes fueron los tres congresistas federales de Nuevo México, Teresa Leger Fernández, Melanie Stansbury y Gabe Vásquez quienes demandaron a la DEA aclarar.

El fiscal de Nuevo México, Raúl Torrez, acusa que esta estrategia puso en riesgo vidas y que los recursos destinados a la interdicción de drogas fueron mal utilizados “al permitir que el fentanilo inundara las comunidades de Nuevo México”. El estado, por su parte, exige una compensación.

Pero una investigación de la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia determinó que las decisiones en el operativo “tuvieron supervisión adecuada y aparecieron razonables”.