Por pitazo, edil libra detención; Operativo Enjambre

20 agosto 2026.- (EXONLINE) VILLAHERMOSA.– Fuerzas federales y estatales desplegadas en el Operativo Enjambre allanaron la madrugada de ayer al menos un par de residencias del presidente municipal de Paraíso, Tabasco, Alfonso Baca Sevilla, acusado por presuntos desvíos de recursos del Ramo 33, abuso de poder y posible tráfico de huachicol fiscal.

El edil logró darse a la fuga antes de la irrupción de las autoridades debido a que presuntamente fue alertado con anticipación, por lo que sus propiedades fueron aseguradas por la Fiscalía General de la República (FGR).

El fiscal general del estado de Tabasco, Óscar Tonathiú Vázquez Landero, confirmó la ejecución de los cateos y precisó que las acciones se coordinan entre corporaciones federales y la Fuerza de Reacción e Intervención Territorial (FIRT) Olmeca para reforzar la seguridad en la entidad.

De acuerdo con reportes locales, durante las intervenciones ejecutadas en las colonias San Cayetano, la ranchería Las Flores y la ranchería La Madrid, las autoridades aprehendieron al secretario de Obras Públicas, Edison García Wilson; al secretario particular del alcalde, Rony Alberto Magaña; al director de Finanzas, Demetrio “N”, así como a elementos de la policía municipal. En los inmuebles cateados se decomisaron pipas, maquinaria pesada y vehículos particulares.

Por su parte, el secretario del ayuntamiento de Paraíso, Carlos Alberto Ramón Güemes, afirmó en un mensaje institucional que las autoridades locales no recibieron notificación previa sobre los operativos. Pese a que el edil se mantiene sin aparecer públicamente, el funcionario sostuvo que Baca Sevilla continúa al frente de sus responsabilidades y revisa la situación jurídica del caso.

La Operación Enjambre es una estrategia coordinada por el Gabinete de Seguridad, con la participación de la Defensa, Semar, Guardia Nacional y SSPC, orientada a desarticular las redes de protección política y policial del crimen organizado en los municipios.

El operativo arrancó a finales de 2024 en el Estado de México, donde las investigaciones derivaron en la captura de alcaldes, síndicos y directores de seguridad pública acusados de delitos como extorsión y secuestro.