SIN LÍMITES / Reforma Judicial amenaza al sistema de justicia

*Riesgos para la autonomía institucional y la profesionalización /

(Por Raúl Torres Salmerón)

La Reforma Judicial de 2025, tal como está formulada, amenaza los pilares fundamentales del sistema de justicia, la imparcialidad, autonomía institucional y profesionalización y a pesar de que la intención de democratizar el acceso a la justicia pueda ser válida, los mecanismos propuestos resultan contraproducentes y generan vulnerabilidades críticas.

Una compilación y análisis de Felipe Noguera, titulada La Reforma Judicial en México 2025: Riesgos para la Inversión Privada, con fecha 28 mayo de 2025, sostiene lo anterior a manera de conclusión, de las elecciones que se llevarán a cabo para renovar el Poder Judicial este domingo 1 de junio.

Hace hincapié en que la experiencia internacional muestra que las reformas judiciales exitosas requieren diagnóstico técnico, gradualismo en su aplicación y consenso institucional amplio. México está ante una decisión estructural que afectará su democracia y competitividad económica por años venideros.

Como se ha informado todos los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) serán elegidos mediante voto popular; el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), será sustituido por una nueva entidad cuya estructura y funcionamiento aún no están definidos; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pasará de tener 11 a 9 ministros. Se eliminarán las dos Salas, y el Pleno asumirá todas las funciones deliberativas.

Se crea el Tribunal de Disciplina Judicial, nuevo órgano electo por voto popular, tendrá la función de investigar y sancionar a jueces; ningúnintegrante del Poder Judicial podrá percibir un salario superior al delPresidente de la República; se prohíbe a jueces y magistradosejercer la abogacía durante dos años tras dejar el cargo; se restringe la facultad del PoderJudicial para emitir amparos que suspendan políticas públicas y algunos puestos judicialeselectos tendrán vigencia hasta por 11 años.

Las siguientes sonsus consideraciones:

-La Reforma Judicial promovida por el Poder Ejecutivo mexicano para su implementación en 2025, conocida como el Plan C, plantea una transformación estructural sin precedentes en el sistema de justicia del país.

-Aunque se presenta con el objetivo de democratizar el acceso a la justicia, la iniciativa genera preocupaciones sustanciales sobre sus implicaciones institucionales, económicas y de gobernabilidad.

-Se estima una participaciónciudadana baja, del 5 al 20 por ciento, lo cual podría comprometer la legitimidaddel proceso.

-El INE enfrentará dificultades logísticas porel alto número de boletas (602 millones) y una reducción derecursos. Cada votante podrá elegir hasta 51 cargos, lo que complicael proceso y puede generar menor participación, demoras en lavotación, y un incremento en los votos nulos.

-Al menos 51 cargos federalespresentan candidaturas únicas y a nivel local hay ejemplos como elEstado de Durango, donde todas las candidaturas fueron acordadasentre los tres poderes.

-Aunque el conocimiento de la fechaelectoral ha aumentado a 54 por ciento en mayo según diario El Financiero, elconocimiento sobre las candidaturas sigue siendo muy bajo.

Felipe Noguera enumera los riesgos para la Independencia Judicial y el Estado de Derecho:

-Politización y Clientelismo. La selección de jueces a partir de listasdel Congreso puede generar sesgos partidistas. La necesidad definanciamiento abre riesgos de dependencia hacia partidos, donanteso grupos delictivos.

-Captura del Poder Judicial por Actores Criminales. Lascampañas judiciales podrían ser infiltradas por el crimen organizado.

-Bajo Perfil Profesional. No se garantizan requisitos mínimos deformación y experiencia para los aspirantes.

-Ausencia de Diagnóstico Estructural. La reforma no abordaproblemas como impunidad, corrupción o sobrecarga procesal.

-Problemas de Implementación y Transparencia. El reemplazomasivo conlleva altos costos y riesgos legales. No existenlineamientos claros para campañas, evaluación ni fiscalización.

-Erosión del Sistema de Contrapesos: La subordinación política delPoder Judicial compromete su función de equilibrio institucional.

Finalmente, el autor del análisis enumera los riesgos para la inversión privada y la seguridad jurídica:

-Inseguridad Jurídica. Fallos judiciales erráticos y arbitrarios podríanresultar de la falta de formación y presiones políticas.

-Ineficiencia Judicial y Disfuncionalidad Procesal. Sistema podríatornarse lento e ineficiente, afectando contratos y resoluciones.

-Aumento de Litigios y Costos Legales. Se prevé mayor litigiosidady costos operativos para empresas.

-Pérdida de Confianza del Inversionista. La percepción de parcialidad desalienta la inversión nacional y extranjera.

-Fomento de la Impunidad y Corrupción Judicial. Juecesvulnerables podrían caer en sobornos o sumisión al poder político.

-Impacto Económico Estructural. Menor inversión, empleo ycompetitividad pueden frenar el crecimiento económico.

El futuro ya llegó, está a la vuelta de la esquina. Es lo que nos espera.

En fin, como escribió Luis Muñoz Rivera (Puerto Rico, 1859-1916), en su poema A Cualquier Compatriota:

¿Justicia? ¡qué palabra tan hermosa!

pero es una palabra y no otra cosa.

¿Derecho? en esta tierra infortunada,

es aire, es humo, es ilusión, es nada.

raultorress@hotmail.com