RFC para mayores de 18 años ayudará a combatir la defraudación fiscal: Carlos Romero

Octubre 19 del 2021.-Este lunes, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Miscelánea Fiscal para el 2022, en la cual, se contempla que todos los mexicanos mayores de 18 años tengan que tramitar de forma obligatoria su Registro Federal de Contribuyentes, esto con el fin de evitar el robo de identidad o los famosos prestanombres, donde empresas fantasmas hacen pagos millonarios cada mes.

De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria, actualmente uno de cada tres RFC presenta actividad irregular, lo que equivale a 30 millones de contribuyentes.

Ante este panorama, Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, recordó que este delito se castiga con prisión preventiva, ya que el crimen organizado utiliza a los llamados “factureros” para llevar a cabo actos de defraudación fiscal.

En entrevista para Francisco Zea, en Imagen Noticias, explicó que el hecho de comprar facturas se traduce en un delito, porque con esto se busca “minimizar la carga tributaria de una forma totalmente ilegal, y hacerlo es entrar al crimen o delincuencia organizada”.

Detalló que con esta medida se busca atacar a los grupos delictivos más importantes, destacando el de la subcontratación, “el cual ya fue desactivado, ya que las cabezas de este grupo delictivo están dentro de la lista de personas bloqueadas y ni si quiera pueden tener cuentas en el banco”.

¿Qué debemos saber de las factureras y la subcontratación?

Carlos Romero Aranda (@cromero_aranda), procurador de la @ProcuFiscal, nos habla del tema en #entrevista con @franciscozea para #ImagenNoticias @imagenZea. pic.twitter.com/jSNC4qGudn

— Imagen Radio (@Imagen_Mx) October 19, 2021

Además de que ya se giraron órdenes de capturar contra estos líderes en materia de facturación de desvío de recursos públicos.

Sobre el caso de lavado de dinero por 3 mil millones de dólares, en el que está involucrada la conductora Inés “N” y su esposo Víctor Manuel “N”, quienes aseguran que se trata de una persecución política, Carlos Romero respondió que no podía hablar del tema por tratarse de un caso en trámite, sin embargo, aclaró que en estos casos “pasan varios tamices de control, es decir... pasan por la FGR, un juez, pasan por otro juez y todo en estricto apego a derecho”.

Sobre las pérdidas económicas que dejan los “factureros”, recordó que antes de que entrara la actual administración, el Registro Federal de Contribuyentes identificó que se defraudaban alrededor de 500 mil millones de pesos al año vía factureras, lo que se traduce en 2 punto del Producto Interno Bruto (PIB).

En el caso del outsourcing o subcontratación, Carlos Romero Aranda explicó que los empresarios, para minimizar su carga tributaria y de seguridad social, contrataban a una empresa facturera con domicilios fiscales en terrenos baldíos o casas de escasos recursos, los daban de alta con un salario mínimo y lo demás lo pagaban con otros conceptos aparentemente exentos.

“Con este esquema, no les pagaban cuotas de seguridad social a los trabajadores, no les pagaban cuotas al IMSS, al Infonavit y no se integraban los impuestos respectivos, condenando a toda una generación a no tener una pensión digna o un crédito del Infonavit”.

Recordó que los empresarios que recurran al outsourcing pueden ser castigados con hasta 13 años de prisión, mientras que quienes presten el servicio se harían acreedores hasta una pena de más de 16 años de cárcel